Patético y penoso, serían dos palabras que entre muchos otros adjetivos definirían el espectáculo hoy tan famoso de las dos damas que a base de improperios, insultos y manoteos lograron amedrentar a los oficiales que, en el esquema funcional dentro del sistema de seguridad mexicano, constituyen un primer frente preventivo de conductas delictivas e infracciones administrativas ciudadanas.
El problema tiene raíces complicadas, lejos del sensacionalismo mediático y de la crucifixión en las redes sociales de los actores de este lamentable incidente. Podríamos afirmar que esta conducta es un reflejo de la percepción real que se tiene de las figuras de autoridad en nuestro país. Esta percepción dibuja un contorno deteriorado que se daña progresivamente con el tiempo; sencillamente no respetamos (porque muchas veces no nos dan los elementos) a quienes deberíamos de respetar. La figura del policía transmite la sensación de improvisación en el encargo cuando se tiene a la vista un acontecimiento como el observado.
Todo este entramado tiene que ver con qué tanta efectividad tiene en su imperio la ley en nuestro país y qué grado de convicción genera el ciudadano para su cumplimiento efectivo. Esto nos llevaría nuevamente a reflexionar sobre los inevitables temas de idiosincrasia y cultura de la legalidad, así como también en su concepto genérico con la vigencia del estado de derecho en México.
Y con lo presenciado es natural que sigan surgiendo diversas dudas acerca de la real existencia de un auténtico y consolidado Estado de Derecho en México. Si bien el país está organizado formalmente como una República democrática y existe un ordenamiento jurídico, esto es, una Constitución, así como un contenido normativo de leyes que según sus textos rigen la estructura y el funcionamiento del Estado, el problema es que no existe un Estado sólido, fuerte, autosuficiente, capaz de imponer el cumplimiento de la ley como criterio básico del orden social y económico. Lo que se ha tenido hasta ahora son arreglos políticos más o menos estables, con algún grado de eficiencia. Sin embargo, el problema es que durante los últimos dos siglos estos arreglos y la gobernabilidad se ha conseguido con frecuencia a costa de la ley.
Estudiosos contemporáneos del caso mexicano consideran que la existencia de deficiencias e insuficiencias del marco normativo e institucional para las tareas gubernamentales en México abrieron espacios a la impunidad, a la arbitrariedad y a la proliferación de vicios que han minado la vigencia y consolidación del Estado de Derecho, socavando la credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana por la incapacidad de respuesta de las instituciones, debido, entre otras razones, a la inexistencia de la rendición de cuentas. Estas apreciaciones minan día a día el sometimiento jurídico al cual el gobernado debe estar sujeto, sin que esto suene arbitrario así es como se estructura y punto.
La demanda por un Estado de Derecho es una constante en la sociedad mexicana, pero, al mismo tiempo, su cumplimiento a través de los distintos principios, instituciones y valores vigentes que le dan sustento, no parecen gozar de la misma fortaleza que permitan advertir su pronta realización. Por el contrario, el conocimiento que existe de estos principios, o las percepciones existentes sobre el funcionamiento de distintos apartados de nuestra Constitución, dan cuenta de un Estado de Derecho débil, que no ha logrado construirse y funcionar de manera eficiente y legítima.
Un ejemplo tan burdo es el de este par de ínclitas personalidades quienes a mansalva pueden vituperar y execrar sobre la figura de autoridad. ¿Se comportará igual “la negra” cuando visita los Estados Unidos?, ¿podría protagonizar una escenita similar en la 5ª avenida neoyorkina?..... son preguntas que me siguen avergonzando como mexicano cuando ensayo sus respuestas.
