“La depuración es fundamental dentro de la PGR para dar a la ciudadanía los resultados que legítimamente le exige. El México de hoy requiere que quienes nos desempeñamos en cargos públicos, lo hagamos con entrega total y responsabilidad al servicio”. Las anteriores palabras de la titular de la Procuraduría General de la República dan cuenta de uno de los motivos que generaran la salida de veintiún delegados de dicha dependencia. Contrario sensu de dicha aseveración, debemos entender por las propias palabras de Marisela Morales Ibáñez que los funcionarios despedidos (porque no lo podríamos visualizar de otra manera) no encuadraban en los esquemas de honestidad, eficiencia y probidad exigidos para un puesto de tan alta responsabilidad en el contexto de inseguridad que nuestro país experimenta.
Coincido con el principio fundamental de la rotación en puestos que tengan la naturaleza de aquellos que hoy comentamos. Como Delegado de la institución que representa el Ministerio Público Federal, defensor de nuestra sociedad en dicho orden, es deseable que no se generen raíces profundas en la demarcación correspondiente, ya que en algunos casos esto puede propiciar la colusión con grupos delictivos o de interés que distorsionen la fundamental actividad de la investigación de los delitos y consiguiente ejercicio de la acción penal en su caso.
Por otra parte, no es gratis la percepción de poca confiabilidad en quienes se ubican en tales encargos. Según datos de Parametría, casi el 75% de la población tiene nula o poca confianza en los cuerpos encargados del combate a la delincuencia. Habría que distinguir en este rubro que en el dato específico concerniente al ministerio público, el porcentaje se mantiene en el mismo rango. Además, Consulta Mitofsky ha concluido en estudios que los mexicanos en general desconfiamos de las leyes en su origen, en quienes las aplican y quienes las juzgan.
Por ello no es extraño que, según la misma fuente, veamos a las autoridades alejadas de los gobernados e incapaces de resolver el problema de inseguridad, sencillamente no se confía en las autoridades. Y es precisamente en dicho marco donde la Procuraduría General de la República es una de las instituciones del sistema legal mexicano sobre la cual pesa un mayor desprestigio y, a pesar que las funciones del ministerio público federal son variadas, solo se le identifica mayoritariamente por lo que hace al combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
En justicia debemos tener en cuenta que no estamos ante un escenario sencillo cuando aludimos a la PGR. Sin embargo, sí podemos precisar que en el esquema actual de gobierno federal, la PGR se ha distanciado de su propia vocación constitucional. Se ha ceñido a las directrices que el ejecutivo federal traza para la procuración de justicia lo cual deja siempre en la posibilidad de la utilización política de los fines del ministerio público. Observamos por igual cómo la procuración de justicia se deteriora al acotar sus propias facultades ante el accionar de la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército mexicano.
Es urgente que además de fortalecer los sistemas de control de confianza para dicha dependencia, se transite también en lograr la autonomía constitucional del ministerio público para alcanzar un mayor grado de certeza en la imparcialidad con la que se debe cumplir esta función.
Alarma sobremanera observar cómo una dependencia que cuenta con presupuestos anuales de cerca de los doce mil millones de pesos (11,997 en el presente año para ser exacto) se encuentre en un declive pronunciado de credibilidad.
Una buena acción la depuración, sin embargo, debo reflexionar sobre cuáles serán los pasos siguientes. Si ya se anunció que el despido de los veintiún delegados obedeció a razones que tienen que ver con la deshonestidad, el paso natural siguiente sería el fincar las correspondientes responsabilidades administrativas o penales para completar un círculo que generalmente no se llega a cerrar. Si la poca rectitud no se combate con los castigos correspondientes, estaríamos exportando hacia la calle un saco completo de impunidad.
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